Resistencia de los conductores durante la aplicación de exámenes fiscalizadores : una revisión desde la política criminal

Proyecto de Investigacion ( Abogada) Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Jurisprudencia

1. Fundamentos Teoricos. --2. Metodologia. --3. Resultados. --4. Conclusiones y Recomendaciones.

Disponible en el Repositorio Digital

La presente investigacion tiene por objeto el analizar las consecuencias juridicas que implica la resistencia de los conductores sobre la aplicacion de examenes fiscalizadores en nuestra ciudadania, para verificar si en el caso de que se presente la negativa del conductor se vulnera el principio de presuncion de inocencia en razon al debido proceso establecido en la Constitucion del Ecuador (2008), misma que se realizo en base a un modelo historico con enfoque cuasi disciplinario, para dilucidar si la sancion establecida en el articulo 464 N.5 del Codigo Organico Integral Penal (2014), cumple con el principio de proporcionalidad y buena fe procesal. La investigacion se apoyo en una metodologia cualitativa motivada en entrevistas realizadas a profesores de la carrera de Jurisprudencia en la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, quienes tienen el conocimiento legal en materia Penal, y a su vez en el estudio de casos conflictuales sobre conductores bajo efectos de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalizacion. El resultado de la investigacion determina que este tipo de proceso vulnera el principio de presuncion de inocencia, en razon del caso omiso a la negativa fundada en la prohibicion de extraccion de fluidos por cuestiones de menoscabo en la salud y en la dignidad humana establecida en el articulo 463 del Codigo Organico Integral Penal (2014), asi mismo se concluye que el alcohotest y el examen psicosomatico no sirven como prueba plena, ya que el juez solo se debe basar en el examen de alcoholemia para imponer sancion mediante los grados de alcohol detectados en la sangre. En este sentido se platea una reforma legislativa sistemica de la politica criminal, en aras de contribuir con el derecho a la defensa, para establecer una justicia digna y sostenible en nuestra sociedad.